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Nuestros Casos

Arias v. DynCorp y  Quinteros v. DynCorp

El gobierno estadounidense contrató a  Dyncorp para erradicar una fuente principal de cocaína en Colombia mediante el rocío de insecticida a plantas de coca.  La fumigación no se contuvo correctamente al área apropiada y los químicos peligrosos se desviaron al otro lado de la frontera hacia Ecuador.  Los demandantes son granjeros Ecuatorianos y sus familias que no tienen ninguna conexión al tráfico de drogas, pero fueron expuestos a la fumigación y han sufrido efectos médicos a causa de la misma.

Los demandantes han presentado reclamos bajo ley estatal por los daños médicos y ambientales que han sufrido. El caso procede por la fase de descubrimiento con 20 demandantes de prueba que no representan oficialmente a toda la clase de demandantes  Los demandantes ya han vencido tres mociones dispositivas, pero durante el verano de 2012, Dyncorp solicitó una sentencia en vía sumaria, incluyendo una moción pidiendo que se excluya el testimonio del testigo pericial.  En febrero de 2013, la corte cedió la moción de Dyncorp parcialmente y concedió juicio sumario por los reclamos de todos los demandantes.  Los demandantes apelaron este veredicto inmediatamente en la corte de apelación del circuito de Washington D.C.

Balcero et al. v. Drummond Company, Inc. et al.

Las y los demandantes alegan que Drummond contrató a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), un grupo violento paramilitar derechista, para que mataran a cientos de personas inocentes y así poder proteger sus intereses comerciales.  A causa de los guerrilleros izquierdistas de las FARC y sus ataques a las vías ferrocarriles, Drummond no podía transportar sus envíos de carbón. En el proceso de expulsar a estos guerrilleros, los combatientes de las AUC aterrorizaron a los pueblos alrededor de las vías y mataron a personas inocentes para asegurar que nadie le ofreciera refugio a las FARC.

592 demandantes presentaron reclamos bajo el ATS y el TVPA como resultado de los asesinatos  de sus familiares.  La demanda inicial se presentó en corte federal en Alabama en Mayo de 2009.  Los demandantes presentaron una demanda enmendada en Diciembre de 2009 con más detalles sobre el vínculo entre Drummond y estos crímenes, y Drummond renovó su moción de desestimación.  La corte permitió los reclamos y los demandantes presentaron una segunda demanda enmendada.  Al terminar la fase de descubrimiento, los demandados (Drummond) presentaron cuatro mociones de juicio sumario, las cuales todavía están pendientes en la corte.  45 demandantes nuevos han presentado una nueva demanda con las mismas alegaciones al caso original.

Baloco et al. v. Drummond Company, Inc. et al.

Las AUC, un grupo paramilitar en Colombia , asesinaron a tres de los principales sindicalistas de Drummond en 2001. Las viudas de estos hombres demandaron a  Drummond bajo el ATS en 2002 alegando que los responsables de la empresa habían conspirado con las AUC para matar a los dirigentes del sindicato. Los demandantes tuvieron que asistir el juicio sin la evidencia sustancial de los testigos asociados con las AUC, y Drummond ganó el veredicto inicial.

En 2009, el gobierno colombiano solicitó que los comandantes de las AUC den una confesión completa de sus crímenes a cambio de una sentencia reducida. Por esta razón, los hijos de los sindicalistas asesinados pudieron presentar una nueva demanda en contra de Drummond en marzo de 2009 por el rol que tuvieron en el asesinato de sus padres. El tribunal del distrito federal desechó la demanda, y los demandantes apelaron al tribunal de apelación, quien remitió el caso. Los hijos de los sindicalistas presentaron una nueva demanda, con cuatro niños adicionales. En septiembre de 2012, el tribunal federal desechó la demanda nuevamente. Los demandantes apelaron otra vez al mismo tribunal de apelación, y actualmente están esperando recibir la fecha del litigio oral.

Bauman v. DaimlerChrysler AG

Luego del derrocamiento del Presidente Perón en 1976 en Argentina, la dictadura militar gobernó al país, desapareciendo, secuestrando, y torturando a 30.000 personas durante siete años. Muchas de estas personas eran trabajadores con afiliaciones sindicales.  DaimlerChrysler AG mantuvo una relación cercana con los líderes de la dictadura durante este tiempo, y también identificó a individuos con lazos a los sindicatos que fueron desaparecidos.

Los demandantes en este caso son parientes sobrevivientes de los desaparecidos e individuos que fueron secuestrados, detenidos o torturados.  En 2004, presentaron una demanda por violaciones de derecho consuetudinario.  El caso se cerró en 2011, pero la decisión fue invertida por la corte de apelación del noveno circuito federal. Actualmente, el caso se encuentra en la Corte Suprema.

Chavarro Saldana v. Occidental Petroleum Corporation

Con el fin de prevenir ataques guerrilleros en sus operaciones de petróleo en Colombia, Occidental le prestó apoyo financiero al Batallón No. 18 del ejército colombiano.  El 5 de agosto de 2004, soldados de este batallón asesinaron a tres sindicalistas famosos y luego cambiaron la escena del crimen.  Oficiales del gobierno acusaron falsamente a los sindicalistas de ser miembros del grupo guerrillero ELN para hacer parecer que habían muerto en combate durante una operación militar legítima contra las guerrillas.

En 2011, 18 familiares y una organización de agricultores presentaron una demanda contra Occidental por daños asociados a los asesinatos.  El 13 de febrero de 2012, la corte del distrito cerró el caso.  Los demandantes apelaron la decisión, pero el caso ha estado pausado desde 2012.

Does, 1-144, Perezes 1-795, and Carmen Tulia Cordoba Cuesta et al. v. Chiquita Brands International et al.

La guerrilla izquierdista y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) asesinaron a miles de personas en Colombia.  Chiquita proveyó los fondos necesarios a ambos grupos durante distintas épocas de la compañía, usando su compañía filial Banadex.  A pesar de saber de los actos terroristas de estos grupos violentos contra civiles en la región, Chiquita continuó su financiamiento de los dos grupos en la década del 2000. 

Familiares de los colombianos asesinados demandaron a Chiquita bajo el ATS, el TVPA, ley estatal, y ley colombiana.  Los demandantes presentaron su demanda en la corte federal en Washington, D.C. en junio de 2007, pero el caso fue transferido a la corte del distrito del sur de Florida.  En junio de 2011, la corte negó la moción de Chiquita para desechar el caso.  Despues de esperar la resolución de una apelación interlocutoria en la corte de apelación, el 24 de julio, 2014, en un fallo de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Circuito Once en los Estados Unidos desestimó la demanda por víctimas de violaciones de derechos humanos contra la compañía Chiquita Brands International.  La Corte de Apelaciones desestimó la demanda por falta de jurisdicción ATS. 

Flomo, et al. v. Firestone Natural Rubber Company

Este caso es en contra de Firestone por hacer trabajar a menores. Varios de los trabajadores de la plantación de goma de Firestone en Liberia se vieron forzados a hacer que sus familias enteras trabajaran también, incluyendo sus hijos e hijas. No podían mantener sus cuotas de recolección de árboles y tenían que hacer algo para que sus familias no sufrieran de inanición. Los demandantes alegan que Firestone mantuvo su sistema de producción usando niños de hasta cinco años, sabiendo bien que había menores de edad involucrados. Los niños trabajaban días largos, llevaban cargos pesados, usaban machetes afilados, y trabajaban en condiciones peligrosas donde estaban expuestos a productos químicos.

23 niños trabajadores, con la ayuda de sus tutores legales, presentaron un caso contra Firestone en 2005.  Los demandantes alegaron abusos de las normas internacionales de los derechos humanos, incluyendo el trabajo forzado y las peores formas de trabajo infantil que viola el ATS.  Al terminar la fase de descubrimiento, Firestone presentó una moción de juicio sumario, la cual la corte concedió.  Los demandantes apelaron esta decisión a la corte de apelación del séptimo circuito federal, el cual afirmó el veredicto de la corte de distrito.  Este caso está cerrado.

Garcia, et al. v. Sebelius, et al.

Desde 1946, investigadores médicos del gobierno estadounidense realizaron experimentos médicos en soldados, presos, enfermos mentales, huérfanos y otras personas vulnerables en Guatemala.  A lo largo de siete años, el gobierno de los EEUU realizó experimentos en 5.000 guatemaltecos, e infectó a propósito a esos pacientes con enfermedades venéreas sin su conocimiento ni consentimiento.

En Marzo de 2011, los demandantes presentaron una demanda colectiva en nombre de todos los guatemaltecos sometidos a experimentación médica no consensual.  Los demandantes presentaron reclamos bajo el ATS y la Constitución de los EEUU en base a los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad personal.  En junio de 2012, la corte del distrito de Washington D.C. despidió el caso, porque encontró que los acusados disfrutan inmunidad soberana.  Los demandantes han apelado el despido y actualmente están pendientes de un calendario de presentación de la corte de apelación de Washington D.C.

Gilberto Torres v. BP, p.l.c.

Por años, una filial de BP en Colombia hizo pagos por un monto total de millones de dólares a una brigada del ejército colombiano conocido por colaborar con los paramilitares que operaban en el área.  Estos pagos continuaron incluso después de que Human Rights Watch le advirtió a BP de violaciones de los derechos humanos como resultado de esta colaboración.

Gilberto Torres, el demandante en este caso y un dirigente sindical famoso en Colombia, fue secuestrado por los paramilitares por 42 días.  Su historia fue utilizada por los paramilitares para animar a otros miembros del sindicato a ser más sumisos.  En febrero 2012, Sr. Torres presentó una demanda contra BP en la corte federal en Washington, D.C., presentando reclamos bajo la ley ATS y ley colombiana.

John Doe v. Exxon Mobil Corp, et al.

La fuerza militar privada de Exxon torturó y asesinó a aldeanos inocentes en Indonesia que vivían cerca del proyecto de Exxon. Los demandantes alegan que Exxon a sabiendas empleó a estas tropas militares brutales para proteger sus operaciones, y que la compañía ayudó e instigó estas violaciones de derechos humanos a través del apoyo material y financiero de estas fuerzas.

11 aldeanos presentaron reclamos contra Exxon en junio de 2011 bajo el ATS, el TVPA y reclamos estatales.  Un juez de la corte del distrito despidió a los reclamos federales bajo el ATS y el TVPA en 2005, pero permitió a los demandantes continuar con sus reclamos de la ley del estado.  En 2006, la corte del distrito negó la moción de Exxon para despedir el caso, y después de la fase de descubrimiento, también negó su moción para juicio sumario.  Sin embargo, en 2009, el caso fue reasignado a otro juez y el tribunal desestimó el caso entero.  Los demandantes apelaron los despidos del juez inicial por sus demandas de la ley federal y también del segundo juez por sus reclamos de la ley del estado.  En julio de 2011, la corte de apelación del circuito de Washington D.C. invirtió ambos despidos.  Este caso está actualmente pendiente en la corte del circuito de Washington D.C.

Mendoza Gomez et al. v. Dole Food Company, Inc.

Cuando las guerrillas izquierdistas amenazaron a Dole y sus bananeras afiliads, Dole le proveyó apoyo financiero a las AUC (un grupo paramilitar en Colombia) a cambio de servicios de seguridad.  Estos “servicios de seguridad” incluían el uso de la violencia para socavar el poder del sindicato y la negociación colectiva de los trabajadores. Con el dinero de Dole, las AUC asesinaron a líderes sindicales y emplearon tácticas terroristas para que otras personas no se unieran al sindicato.

Los 65 demandantes en este caso incluyen las personas que fueron dañadas directamente por las AUC y también parientes sobrevivientes de las personas asesinadas.  Los demandantes presentaron este caso contra Dole bajo la ley estatal por muerte injusta, asalto con agresión, conspiración civil, y negligencia.  Aunque la corte ha concedido dos veces las mociones de Dole para despedir este caso por reclamos prematuros, los demandantes están apelando el despido. Actualmente las partes están a la espera de que la corte programe una audiencia.